Por Juan Tomás Taveras Rodríguez
Como interés de parte de la sociedad y los principales actores del Estado dominicano, por más de una década se ha impulsado y demandado una reforma policial, con el objetivo de dar respuesta y controlar la formación y estructura militarista fruto de las dictaduras y la guerra fría que mantenía nuestra Policía Nacional, haciendo de ella una institución represiva y constantemente acusada de violentar los derechos humanos.
Si bien es cierto que esta reforma se hacía necesaria en pos de profesionalizar y civilizar, o sea disminuir la represión y el carácter militar en la policía, ha sucedido algo totalmente lamentable y es que hemos debilitado la fortaleza institucional, descuidando los principios de su doctrina y destruyendo el orgullo de los policías, con ello contribuyendo al incremento desproporcionado de los crímenes y delitos en la sociedad dominicana y la corrupción en el seno de la institución.
Pues lo que realmente ha debido hacerse es establecer políticas públicas de seguridad democráticas que cubran las ejecutorias de las acciones policiales propias de una institución moderna y profesionalizada acorde a los intereses y necesidades de la sociedad. Además de lograr la definición clara de los ámbitos y funciones de la Defensa Nacional y la Seguridad Pública que corresponden a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional respectivamente, situación esta que han traído conflictos institucionales que de seguir así, conllevaran a graves consecuencias.
Paradójicamente los principales argumentos utilizados por quienes abogaban la urgencia de una reforma policial se basaron en la eliminación del carácter militar de la policía, porque entendían que este aspecto representaba un retroceso heredado de la dictadura como parte de sus males estructurales, sin embargo resulta inexplicable y alarmante que en la actualidad las funciones propias de la Policía Nacional, con relación a la seguridad ciudadana estén siendo ejecutadas por miembros de las Fuerzas Armadas y lo más paradójico e incongruente de ello, es que la sociedad y los actores llamados a regular y corregir las fallas del sistema de seguridad pública se muestran indiferentes a tal situación, al parecer lo desconocen o no quieren darse cuenta. O sea, lo que ayer era malo por parte de la policía hoy es bueno por parte de las Fuerzas Armadas.
Esta situación ha mantenido a la Policía Nacional desde su creación en 1936 (durante 73 años) subordinada a las Fuerzas Armadas Dominicanas y por consecuencia la ocupación e injerencia permanente de los cuerpos militares en los asuntos de Seguridad Pública, impidiendo de esta manera el desarrollo institucional de la función policial acorde con las demandas ciudadanas y la evolución de los conflictos sociales; o sea, las Fuerzas Armadas han sido el principal obstáculo en el progreso del organismo policial y en este momento son la principal amenaza. Debido a la pérdida o ausencia del rol que define su naturaleza, la defensa, tienen que justificar su existencia y su excusado presupuesto, cuya ejecución nadie se atreve a cuestionar.
Ahora bien, esto se les facilita a razón de que las funciones policiales y la misma Policía Nacional nacen de las Fuerzas Armadas la cual tiene de respaldo el privilegio del artículo 94 de la Constitución Dominicana, el mismo es disfuncional y nadie se ha interesado en modificarlo para adecuarlo a los tiempos modernos. Otra de las facultades o prerrogativas que les favorecen a los cuerpos armados son la jerarquía de Secretaría de Estado que le permite participar en la política del Estado y tener influencia en ella, lo cual es contrario a la Democracia y el Estado de Derecho.
Estos planteamientos expresados son muestras de que no solo la policía, sino también las Fuerzas Armadas demandan de una reforma y la redefinición urgente de su rol policial, usurpado durante tantos años en las funciones de: Policía de Bancos, Puertos, Aeropuertos, Medioambiente, Tránsito, Escuelas, Turismo, Costas, Fronteras, Aéreas, Diplomática, Canina, Montada, además Policía de Investigaciones de Drogas, Migración, DNI; así como la Seguridad Presidencial y de las diferentes Oficinas Públicas, las cuales en conjunto conforman la Seguridad Interna o Seguridad Pública del Estado Dominicano, funciones todas de naturaleza policial. Otra razón por lo que todo esto ha sucedido se debe a la falta de interés por parte de los miembros de la Policía Nacional, especialmente de sus dirigentes que a través de la historia no hemos sabido defender nuestra institucionalidad y nuestros roles.
El citar estos ejemplos en estos momentos requieren de mucha atención, puesto que se esta conociendo una reforma constitucional que crea la oportunidad, de corregir el problema y evitar que todas estas funciones que están siendo ocupadas por miembros de las Fuerzas Armadas sigan dando paso al deterioro institucional. Contrario ha lo que les corresponde como militares, ya que han sido entrenados para la defensa nacional, y están despojando y debilitando la razón de ser de su existencia con el ejercicio de funciones propias de la seguridad ciudadana que le corresponden a la Policía Nacional
Tal como apreciara en su reciente visita a la República Dominicana Eugenio Raúl Zaffaroni destacado jurista argentino, quien advirtió que corremos el riesgo de quedarnos sin Fuerzas Armadas y sin Policía Nacional, precisamente por la usurpación de funciones por parte de los cuerpos militares.
Lo grave de todo esto recae en que el Estado dominicano esta perdiendo la capacidad de defensa nacional por parte de las Fuerzas Armadas responsables esencialmente de garantizar la soberanía del Estado dominicano y la integridad territorial y por otro lado la Policía Nacional esta perdiendo su espacio y su capacidad de cumplir con sus funciones de garantizar la seguridad pública y la seguridad ciudadana, además de pagar los reclamos de la sociedad y principalmente de las víctimas fruto de estos conflictos institucionales que impiden cumplir con su rol. Cabe destacar que la Policía Nacional como institución no ha sabido defender su rol, su espacio institucional y adecuar la preparación de sus miembros acorde a los conflictos sociales y demandas ciudadanas, pues sus principales actores se han empeñado en defender intereses personales y de grupos particulares.
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