DESCARGAN POR TERCERA OCASION AL ROMANENSE CESAR SANCHEZ

POR CASO BONOS

POR SILVIO CABRERA
El Nacional
El Segundo Tribunal Colegiado de la Provincia Santo Domingo descargó ayer al ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero César Sánchez, sometido a la justicia por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción por el alegado desvío de más de dos mil millones de pesos de los bonos soberanos.

El tribunal, presidido por el juez Víctor, no encontró indicios de culpabilidad contra Sánchez, por lo que decidió liberarlo de todos los cargos instrumentados en su contra.

La decisión a favor de Sánchez se produjo a unanimidad por los tres jueces que componen el tribunal.

Sánchez estaba acusado de desviar más de dos mil millones de pesos de los bonos soberanos, destinados para la construcción de la Autopista Eléctrica Santo Domingo-Santiago.

Dos de los testigos que declararon en el juicio admitieron que él devolvió al Estado más de mil 500 millones de pesos de los bonos soberanos por cuya alegada desviación fue sometido a la Justicia por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.

El testimonio fue ofrecido por ante el Segundo Tribunal Colegiado de la Provincia Santo Domingo por el actual vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero Radhamés Segura, y el ex contralor general de la República licenciado Federido Lalane José.

Segura declaró a los jueces que ciertamente la CDEEE devolvió un cheque por cerca de mil 500 millones de pesos a la Tesorería, por concepto de los bonos soberanos. Admitió, además, que en la gestión en la CDEEE del ingeniero Sánchez se hicieron pagos a empresas reconocidas y de relaciones viejas con la empresa eléctrica estatal.

En el expediente también se acusa a Sánchez de haber hecho pagos a empresas fantasmas. Tanto Segura como Lalane José admitieron que existen documentos en donde se afirma fueron devueltos más de mil 500 millones de los bonos soberanos, y distribuidos o reasignados a otras instituciones.

El dinero restante, de cerca de 71 millones de dólares, según los documentos depositados por Sánchez, fueron utilizados y liquidados en la Contraloría conforme a la ley.